Investigan a cuatro personas por el robo de cable de cobre en nueve municipios de Jaén
La Guardia Civil investiga a cuatro personas por su presunta implicación en una serie de robos de cableado de cobre del alumbrado público que afectaron a nueve municipios de la provincia de Jaén y provocaron daños valorados en más de 90.000 euros.
La actuación, enmarcada en la operación «Kualalumpur» y desarrollada por los equipos ROCA de Baeza y Beas de Segura, ha permitido esclarecer un total de doce robos de cableado eléctrico cometidos en diferentes localidades jiennenses.
Los municipios afectados son Baeza, Carboneros, Espeluy, Linares, Sorihuela del Guadalimar, Beas de Segura, Úbeda, Torreperogil y Baños de la Encina, aunque la investigación permanece abierta y no se descarta el esclarecimiento de nuevos hechos relacionados con esta actividad delictiva.
Según la investigación, los robos provocaron importantes perjuicios económicos a los ayuntamientos afectados, que han tenido que asumir elevados costes para reponer el cableado sustraído y restablecer el funcionamiento del alumbrado público. El valor de los daños supera los 90.000 euros.
Uno de los aspectos más destacados de la operación ha sido la recuperación de más de 550 kilogramos de cobre robado, localizados en una empresa de reciclaje de la Región de Murcia. Las pesquisas permitieron seguir el rastro del material sustraído hasta distintos puntos de venta y gestión de residuos.
Dos de los investigados están considerados presuntos autores materiales de los robos, mientras que las otras dos personas están siendo investigadas por un delito de receptación relacionado con la recepción y gestión del cobre sustraído. Estos últimos son responsables de empresas de reciclaje ubicadas en la provincia de Jaén.
La Guardia Civil ha remitido las diligencias a la autoridad judicial competente y mantiene abierta la investigación para determinar si existen más hechos relacionados con esta trama.
El robo de cobre continúa siendo uno de los delitos que más preocupación genera en numerosas administraciones locales debido a los elevados costes de reposición y a las consecuencias que provoca sobre servicios esenciales e infraestructuras públicas.
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